El organismo estatal había iniciado una demanda civil contra los acusados de la causa, pero durante varias semanas de 2025 no presentó escritos ni realizó actuaciones para continuar con el expediente.

A raíz de esa inactividad, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró la caducidad de la instancia y dio por terminado el proceso civil.

Un juicio paralelo a la causa penal

El expediente civil se desarrollaba de manera paralela a la causa penal por la obra pública en Santa Cruz. La situación generó una particular consecuencia: al quedar cerrado el proceso por la caducidad, correspondía establecer los honorarios de los abogados que habían intervenido en representación de los demandados.

Entre ellos se encuentran Luis Goldín y Fernando Muriel, abogados de Cristina Kirchner, quienes recurrieron a la Corte Suprema y plantearon que la suspensión del trámite de honorarios implicaba una situación de "privación de Justicia".

La Cámara había decidido frenar el procedimiento de regulación y cobro de esos honorarios hasta que la Corte se expida sobre el recurso presentado por Vialidad Nacional.

Vialidad busca revertir la decisión

El organismo estatal presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la caducidad de la instancia. Si el máximo tribunal confirma que el proceso quedó extinguido, el Estado podría quedar obligado a afrontar los honorarios correspondientes.

El reclamo alcanza, de acuerdo con la información disponible, una suma cercana a los US$10 millones.

Por otra parte, la situación se produce mientras continúa pendiente el cobro de la condena económica establecida en la causa penal de Vialidad contra Cristina Kirchner y otros condenados.

La Corte Suprema tendrá la última palabra

Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver los planteos contrapuestos. Por un lado, Vialidad Nacional busca que se revierta la caducidad del juicio civil y evitar las consecuencias económicas derivadas de ella.

Por el otro, los abogados de Cristina Kirchner reclaman que se destrabe la regulación y el cobro de los honorarios.

Hasta que el máximo tribunal tome una decisión, el pago no puede considerarse definitivo. La resolución de la Corte será determinante para establecer si el Estado finalmente debe afrontar esa millonaria suma.