El día de hoy se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha tiene como proposito recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reflexionar sobre la importancia de la democracia.

Este 24 de marzo se cumplen 50 años del inicio de la última dictadura cívico militar iniciada formalmente en 1976. Por lo que la jornada cuenta con una fuerte carga emotiva de memoria activa y un pedido de justicia que hasta el día de hoy no ha sido saldado.

El régimen denominado "Proceso de Reorganización Nacional", comenzó en la madrugrada del 24 de marzo en el año 1976. Las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y el poder fue asumido por una junta integrada por los militartes Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti.

Aquel proceso iniciado en 1976, lejos de ser un proceso de "reoganización" fue una dictadura cívico militar. La junta de las fuerzas armadas disolvió el Congreso de la Nación y removió a los miembros de la Corte Suprema, negándole al pueblo argentino las garantías constitucionales y la actividad política.

Dentro de ese proceso, el régimen implementó un plan sistemático de represión hacía la sociedad, que hasta el día de hoy es denunciado como un "genocidio". Se utilizaron Centros Clandestinos de Detención (CCD) para secuestras, torturar y, en la mayoría de los casos, asesinar y desaparacer los cuerpos, borrando evidencia y la identidad de quienes eran secuestrados.

Actualmente, se desconocen la cantidad de CCD que estuvieron activos durante el Terrorismo de Estado. Aunque la CONADEP, en el informe "Núnca Más" de 1984, menciona 340, al día de hoy se conocen más de 500 y se estiman que podrían ser más de 800. Los Centros Clandestino de Detención funcionaron en casi todas las provincias, utilizando dependencias militares, policiales, pero también casas particulares, fábricas y escuelas.

Allí se llevaban a cabo los distintos metodos represivos de tortura. El secuestro y la desaparición de personas no era al azar, sino parte de un plan sistemático para eliminar cualquier forma de oposición política, social o sindical. El régimen utilizaba el termino "subersivos" para justificar la represión contra cualquiera que cuestionara el orden establecido, ya fuera mediante las armas, la palabra o el pensamiento.

Durante esos años, la mayoría de las victimas fueron: Militantes políticos y sociales, obreros y sindicalistas, estudiantes de universidades o secundarias, religiosos, intelectuales, artistas, familiares y amigos de los mismos. Además bebes y niños, que eran secuestrados durante los operativos o arrebatados de las manos de sus madres en los CCD.

La CONADEP en 1984 documentó 8.960 casos con nombre y apellido en el informe Nunca Más. Pero se aclaró que se trataba de una lista abierta y parcial debido al carácter clandestino de la represión, los métodos de desaparación y aniquilación identitaria que utilizó el régimen.

De ese informe, nace la cifra de "30.000" adoptada por los organismos de Derechos Humanos como una consigna y símbolo de lucha, representando la magnitud del genocidio y la falta de información oficial por parte de los represores.

Actualmente se siguen encontrando centros clandestinos con restos de desaparecidos, como sucedió en Cordoba la semana pasada. Por lo que los "30.000" es una cifra que apela a la memoría activa de nuestro pueblo, en pos de seguir buscando verdad y justicia.

El proceso dictatorial, si bien fue iniciado de manera formal en 1976, se establece tras un entramado militar tejido desde 1973, por el núcleo de las fuerzas armadas y la complicidad de ciertos sectores del poder político.

Entre esos años, la fuerza paraestatal conocida como la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) ya cometía asesinatos y secuestros de militantes, intelectuales y sindicalistas, delitos que son tenidos en cuenta en los informes de las organizaciones de derechos humanos.

El golpe de 1976 no fue un hecho aislado, sino que se sumó a una serie de interrupciones democráticas en Argentina, siendo esta última la más cruenta y la que aplicó un plan sistemático de desaparición forzada. Este periodo finalizó el 10 de diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín, marcando el retorno definitivo a la democracia.