El Gobierno nacional avanzó con una nueva modificación en el sistema de transporte para personas con discapacidad al eliminar las compensaciones económicas que el Estado transfería a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos. La medida generó preocupación en organizaciones del sector y en familias que dependen de este beneficio para tratamientos médicos, traslados o actividades esenciales. Si bien el derecho al pasaje sin cargo para personas con Certificado Único de Discapacidad continúa vigente por ley, el cambio abre interrogantes sobre cómo responderán las empresas frente a un servicio que ya no contará con ese respaldo económico estatal. El eje del conflicto no está en la eliminación del beneficio, sino en el impacto operativo que podría generar en la accesibilidad y en la disponibilidad real de esos boletos.

El recorte reactivó críticas de organizaciones sociales, que lo vinculan con otras decisiones adoptadas durante la gestión de Javier Milei en materia de discapacidad. En los últimos meses ya se habían registrado fuertes reclamos por auditorías y revisiones sobre pensiones no contributivas, demoras administrativas y cuestionamientos por el endurecimiento de controles en distintos programas estatales. Aquellas medidas derivaron en movilizaciones, protestas y presentaciones de agrupaciones que denunciaban dificultades para sostener tratamientos, ingresos y cobertura básica para miles de personas. En ese contexto, esta nueva decisión sobre el sistema de transporte fue interpretada por sectores críticos como otro golpe dentro de una política de ajuste que volvió a poner en tensión el vínculo entre el Gobierno y las organizaciones que representan a personas con discapacidad.

Desde el oficialismo, la decisión fue planteada como parte del proceso de reducción de subsidios y reorganización del gasto estatal en el transporte. La administración libertaria sostiene que el objetivo es desarmar esquemas de compensación que, según su visión, distorsionaban costos y sostenían mecanismos ineficientes dentro del sistema. Bajo esa lógica, las empresas de larga distancia deberán continuar cumpliendo con la obligación legal de otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, aunque ya sin recibir reintegros específicos del Estado por esa prestación. El debate ahora quedó abierto entre quienes advierten un posible deterioro en el acceso efectivo al transporte y quienes, desde el Gobierno, defienden la medida como parte de una reestructuración más amplia del gasto público.