En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, que se está llevando a cabo en distintos puntos del país, el Gobierno nacional volvió a cuestionar la movilización impulsada por rectores, docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, en medio de un conflicto que mantiene en tensión a las casas de estudio y al oficialismo.

Desde la administración de Javier Milei calificaron la protesta como una “marcha política opositora” y sostuvieron que existe una utilización partidaria del reclamo universitario. El comunicado difundido por el oficialismo en redes sociales afirmó que se intenta instalar la idea de que el Gobierno busca “cerrar o desfinanciar” las universidades nacionales.

Uno de los funcionarios que se expresó públicamente fue Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien definió la convocatoria como una “extorsión política”, aunque reconoció que el reclamo salarial docente tiene una base legítima. Según indicó, el conflicto universitario se encuentra “fuertemente influenciado por la política”.

Por su parte, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, insistió en que el Gobierno “no está en contra de la universidad pública” y aseguró que el objetivo oficial es transparentar el funcionamiento del sistema universitario. En ese sentido, anunció la creación de un micrositio para auditar datos vinculados al financiamiento de las universidades, incluyendo costos por graduado y cantidad de alumnos extranjeros.

La iniciativa fue cuestionada por autoridades universitarias nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, quienes sostienen que las universidades ya cuentan con mecanismos de auditoría y consideran que la creación de nuevas plataformas busca desacreditar el reclamo presupuestario. En un comunicado titulado “Cumplan la Ley”, el CIN remarcó que el principal incumplimiento corresponde al Ejecutivo por no aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

La movilización tiene como eje central el reclamo por la recomposición salarial y mayor presupuesto para educación, ciencia y tecnología. Los gremios docentes, entre ellos CONADU y FEDUN, denuncian una pérdida del poder adquisitivo superior al 33% desde el inicio de la actual gestión.

Además, sectores universitarios advierten sobre una caída real del presupuesto y un retraso en partidas destinadas a salarios, becas estudiantiles e investigación científica, situación que motivó nuevas protestas en distintas universidades del país.