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El Gobierno envió 62 pliegos judiciales y crece la polémica por los nombres designados
Política

El Gobierno envió 62 pliegos judiciales y crece la polémica por los nombres designados

La iniciativa del oficialismo busca fortalecer las relaciones con Comodoro Py, en un contexto donde avanzan causas judiciales desfavorables para el Ejecutivo.

Redacción de toda la data
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El Poder Ejecutivo remitió al Senado un paquete de 62 pliegos para cubrir vacantes en el sistema judicial federal y nacional, en una medida que busca avanzar en la normalización de cargos sin titular. Según datos oficiales, cerca del 37% de los cargos se encuentran vacantes, con más de 360 puestos sin cubrir antes de este nuevo envío.

En ese contexto, el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, elevó una nómina que incluye 55 postulaciones para jueces, fiscales y defensores oficiales, además de 7 conjueces, quienes pueden suplir temporalmente a magistrados hasta su designación definitiva.

El proceso de aprobación ahora continuará en el Senado, donde los pliegos deberán ingresar a la Comisión de Acuerdos, presidida por Juan Carlos Pagotto.

Allí se realizarán audiencias públicas obligatorias, en las que los candidatos podrán recibir impugnaciones o respaldos. Luego, será el pleno de la Cámara alta el encargado de votar cada designación antes de que el Presidente formalice los nombramientos por decreto.

A pesar del volumen de cargos a cubrir, varias de las postulaciones generaron controversia:

Emilio Rosatti:

Actual funcionario del Tribunal Oral Federal de Santa Fe e Hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, es el primero en la lista para asumir como juez de dicho Tribunal. Su designación es un guiño a su padre, uno de los tres jueces con más poder de la República Argentina.

Carlos “Coco” Mahiques:

Juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del actual ministro de Justicia, para quien el Gobierno solicitó una prórroga de cinco años en su cargo tras haber alcanzado la edad límite. La designación de "Coco" sería para garantizar su permanencia en el poder judicial y hacerle un lavado de cara por su relación con Toviggino, estandarte de AFA y enemigo declarado del Gobierno.

Ana María Cristina Juan:

Candidata a un juzgado federal en Hurlingham, donde se desempaña como jueza de primera instancia, y pareja del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene la causa $LIBRA. Un gesto que busca apaciguar las investigaciones de la criptoestafa, que en las últimas semanas tuvo avances que comprometen a los hermanos Milei.

María Julia Sosa:

Postulada para un Tribunal Oral Federal en La Plata, actualmente trabaja en el juzgado de Julián Ercolini, oficiando de Secretaria. Este Juez y procurador tiene bajo su dirección causas de relevancia para el Gobierno, como la de Vialidad y la muerte de Nisman.

Además, Ercolini estuvo involucrado en el viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Río Negro, en octubre de 2022. Allí se habría generado una alianza entre sectores judiciales y mediáticos para perseguir opositores políticos y proteger intereses corporativos.

Por aquel viaje, Ercolini y otros partícipes fueron denunciados por delito de dávidas y encubrimiento. La aparición de su secretaria en los pliegos enviados al Congreso, se leen como un gesto de "camaderia" entre el Juez, el Gobierno Nacional y el británico Joe Lewis.

Se puede interpretar que estos nombramientos podrían responder a criterios políticos o relaciones personales, en lugar de priorizar antecedentes técnicos y académicos, tal como establece el espíritu del Consejo de la Magistratura.

En paralelo, llamó la atención la ausencia en los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, dos jueces que habían sido considerados previamente para integrar la Corte Suprema.

Su exclusión vuelve a poner de manifiesto las tensiones internas dentro del Poder Judicial, un escenario que continúa teniendo impacto en la dinámica de la política nacional.

El tratamiento de los pliegos en el Senado será clave para definir si el Gobierno logra avanzar con la cobertura de vacantes o si las objeciones políticas y judiciales terminan condicionando el proceso.