El Gobierno nacional oficializó un recorte presupuestario de casi $49.000 millones en el Ministerio de Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026, una medida que impacta directamente sobre el funcionamiento operativo de las Fuerzas Armadas y que ya generó fuertes señales de alarma dentro del ámbito militar.

La reducción representa un ajuste del 2,6% sobre los recursos previstos para el área durante este año y afecta principalmente partidas destinadas a equipamiento, logística, mantenimiento e infraestructura.

La fuerza más afectada por la decisión es la Fuerza Aérea Argentina, que sufrirá una reducción de $16.500 millones vinculados a equipamiento operativo y tareas de mantenimiento. En segundo lugar aparece la Armada Argentina, con una quita superior a $15.200 millones, incluyendo la baja de créditos externos destinados a helicópteros navales. Por su parte, el Ejército Argentino perderá más de $12.600 millones en partidas presupuestarias.

Entre las áreas más comprometidas aparece el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), que resignará $3.300 millones destinados a inversiones militares de capital. También se verán afectados programas de logística y planeamiento militar conjunto, con recortes en comunicaciones, repuestos y abastecimiento.

La medida impacta, además, sobre proyectos estratégicos de infraestructura. Según trascendió, quedarán suspendidas obras en el Dique 2 de Puerto Belgrano y se frenará la fabricación de radares 3D, considerados claves para el sistema de control y vigilancia nacional.

Otro de los puntos sensibles del ajuste es el sostenimiento de las campañas antárticas. El presupuesto destinado a combustible para operaciones vinculadas al sostén logístico en la Antártida sufrirá una reducción cercana a los $960 millones.

Dentro de los cuarteles, la preocupación creció en las últimas horas ante la posibilidad de dificultades para afrontar gastos básicos de funcionamiento. Fuentes internas del sector advirtieron sobre riesgos en el pago de servicios esenciales como luz, agua y gas en distintas unidades militares del país.

También existe inquietud por el impacto sobre la alimentación diaria del personal militar. Mandos del Ejército señalaron que muchos soldados dependen directamente de las raciones provistas por las unidades debido al deterioro salarial acumulado y la situación económica general.

En paralelo, el ajuste coincide con la crisis financiera que atraviesa la obra social militar, que arrastra deudas cercanas a los $300.000 millones y enfrenta crecientes dificultades para sostener prestaciones médicas y sanitarias. La decisión generó además malestar entre sectores técnicos y operativos de las Fuerzas Armadas, que ven afectada la continuidad de programas de reequipamiento y modernización impulsados en el marco del recientemente anunciado Plan ARMA.