El Gobierno nacional reglamentó este lunes el nuevo sistema de indemnizaciones previsto dentro de la Ley de Modernización Laboral y puso en marcha el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que modifica la forma en que las empresas afrontarán los costos por despidos. La medida fue oficializada a través del Decreto 408/2026 publicado en el Boletín Oficial y establece que los empleadores podrán realizar aportes periódicos a fondos específicos destinados a cubrir futuras compensaciones laborales. Según la reglamentación, estos fondos serán administrados por entidades autorizadas y supervisadas por organismos estatales, mientras que su entrada en vigencia quedó prevista para noviembre. Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es brindar previsibilidad a las empresas y reducir la litigiosidad laboral, uno de los argumentos centrales que acompañaron la aprobación de la reforma.

la reglamentación forma parte de la Ley de Modernización Laboral aprobada por el Congreso este año, una de las reformas más profundas impulsadas por la gestión de Javier Milei sobre el mercado de trabajo. Entre otros cambios, la norma habilita mecanismos alternativos al sistema tradicional de indemnización por antigüedad, flexibiliza distintos aspectos de las relaciones laborales y promueve la creación de fondos de cese acordados en convenios colectivos. También introdujo modificaciones en la negociación sindical, en los esquemas de contratación y en la organización de las jornadas laborales. El texto legal plantea que el nuevo régimen puede reemplazar determinadas indemnizaciones mediante aportes previos realizados por los empleadores, generando un sistema similar al que ya funciona en algunos sectores específicos de la economía.

Desde el oficialismo aseguran que la reforma apunta a reducir los costos de contratación, fomentar el empleo registrado y otorgar mayor seguridad jurídica a las empresas frente a eventuales despidos. Funcionarios del Gobierno sostienen que el esquema actual desincentiva la generación de puestos de trabajo y favorece los conflictos judiciales. Del otro lado, centrales sindicales, abogados laboralistas y sectores de la oposición vienen cuestionando la ley desde su aprobación. Las críticas se centran en que el nuevo sistema podría disminuir el monto efectivo que reciben los trabajadores al perder su empleo, además de trasladar parte del riesgo laboral hacia los empleados. Incluso varios artículos de la reforma ya fueron objeto de presentaciones judiciales y medidas cautelares por presuntas incompatibilidades con principios constitucionales y convenios internacionales de protección laboral.