La Justicia Federal argentina abrió una investigación a partir de una denuncia que apunta a una presunta red de desinformación y espionaje financiada por el régimen ruso, con posibles operaciones en el país destinadas a influir en la opinión pública.

La causa quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del juez Sebastián Ramos, tras una presentación realizada por el abogado Jorge Monastersky. El expediente se originó a partir de una investigación periodística internacional que señala la existencia de una organización denominada “La Compañía”, que habría canalizado pagos a periodistas y editores locales para difundir contenidos alineados a intereses del Kremlin.

Según la denuncia, se investigan pagos, principalmente en efectivo, a comunicadores y medios de comunicación, con el objetivo de instalar información falsa o sesgada y desacreditar la gestión del presidente Javier Milei. La supuesta operatoria incluiría la financiación de alrededor de 250 artículos, algunos de ellos firmados por “periodistas fantasma”, con montos que habrían oscilado entre los 300 y los 5.000 dólares por publicación, acumulando una inversión total cercana a los 300.000 dólares.

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Una investigación internacional reveló una presunta campaña de desinformación atribuida a un grupo ruso contra el gobierno de Javier Milei. La SIDE confirmó las maniobras y el caso ya fue derivado a la Justicia Federal.

El juez y el fiscal intervinientes deberán determinar la veracidad de estos pagos y establecer si las acciones denunciadas encuadran en delitos contemplados por la Ley de Inteligencia Nacional, particularmente aquellos relacionados con la injerencia de potencias extranjeras en asuntos internos del país.

Uno de los puntos centrales del planteo judicial es la necesidad de diferenciar responsabilidades entre los medios de comunicación como estructuras empresariales y los periodistas individuales que, eventualmente, habrían participado de estas maniobras de manera directa.

En paralelo, el presidente Javier Milei se refirió públicamente al tema y calificó las presuntas prácticas como “periodismo basura”, al tiempo que sostuvo que este tipo de vínculos evidenciaría la vulnerabilidad de ciertos sectores de la prensa frente a influencias externas.

La investigación recién comienza y se encuentra en etapa preliminar, por lo que será clave el avance de las medidas de prueba para confirmar o descartar la existencia de esta red y su eventual impacto en el escenario mediático y político argentino.