La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Por unanimidad, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo y confirmó la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado garantizar la aplicación de la normativa mientras continúa el proceso judicial.

Con esta decisión, el Gobierno deberá actualizar de manera retroactiva, desde diciembre de 2023, los salarios de los docentes y del personal nodocente de las universidades nacionales. Además, la cautelar ordena recomponer las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y asegurar los fondos para los programas de becas estudiantiles, dando cumplimiento a los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, cuya aplicación había sido suspendida por decreto.

El fallo también rechazó un planteo del oficialismo que buscaba apartar del expediente a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, argumentando que todos ejercen la docencia universitaria. La Corte desestimó ese pedido y mantuvo la integración del tribunal para resolver la incidencia procesal, fortaleciendo así la vigencia de la medida cautelar.

De todos modos, la resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del decreto presidencial cuestionado. El expediente continuará su trámite en las instancias inferiores hasta que exista una sentencia de fondo. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo deberá cumplir con la cautelar y girar los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario hasta que la Justicia resuelva el conflicto de manera definitiva.