El Gobierno argentino alcanzó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de facilidades extendidas vigente, tras cerrar la segunda revisión técnica. El entendimiento, que aún debe ser aprobado por el Directorio del organismo, permitirá destrabar un desembolso de USD 1.000 millones en las próximas semanas.

La negociación fue encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien lideró tanto las gestiones políticas como técnicas, incluyendo encuentros directos con la titular del organismo, Kristalina Georgieva en Washington. También participaron el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, encargado de los aspectos monetarios y cambiarios, y el economista José Luis Daza, quien cumplió un rol clave en el equipo negociador.

Desde el organismo internacional destacaron avances en la acumulación de reservas, que ya superan los USD 5.500 millones en lo que va del año, así como el cumplimiento de metas vinculadas al orden fiscal y las reformas estructurales. Entre ellas, se valoró especialmente la aprobación del Presupuesto 2026 y las iniciativas orientadas a flexibilizar el mercado laboral y promover inversiones, particularmente en el sector minero.

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El entendimiento se inscribe dentro del programa firmado en abril de 2025 por un total de USD 20.000 millones a 48 meses. Con este nuevo desembolso, la deuda total de Argentina con el FMI asciende a aproximadamente USD 57.250 millones, consolidando al organismo como el principal acreedor externo del país.

Caputo calificó el acuerdo como “un paso muy importante” para afianzar la estabilidad macroeconómica, en un contexto donde el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal, recomponer reservas y recuperar la confianza de los mercados.

Sin embargo, el avance también reabre el debate sobre la sostenibilidad del esquema económico y el peso de la deuda externa en el mediano plazo. Mientras el oficialismo destaca el respaldo internacional como una señal de credibilidad, sectores críticos advierten sobre el impacto que las condiciones del programa pueden tener en la actividad económica y el tejido social.

De cara a los próximos meses, el desafío será sostener el cumplimiento de las metas acordadas sin profundizar la desaceleración de la economía, en un escenario donde la estabilidad aún convive con tensiones estructurales.