El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que busca modificar aspectos centrales del sistema político argentino de cara a los próximos comicios. La iniciativa propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambiar el esquema de financiamiento de los partidos, implementar la boleta única de papel y avanzar con la llamada “ficha limpia”, que impediría ser candidatos a quienes tengan condenas en segunda instancia por delitos dolosos. Desde el Gobierno justifican la reforma en la necesidad de reducir el gasto público y terminar con lo que definen como privilegios de la “casta política”. “Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas”, expresó el propio Milei al anunciar el envío del proyecto, en línea con su discurso de ajuste y recorte del Estado.

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La iniciativa, sin embargo, generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición, que advierten sobre el impacto político de los cambios propuestos. Dirigentes de distintos espacios sostienen que la eliminación de las PASO podría debilitar la construcción de alianzas y limitar la competencia interna dentro de los partidos, además de favorecer al oficialismo al modificar las reglas de juego en un año previo a las elecciones. “Si el Gobierno intenta debilitar a los partidos políticos, nuestra respuesta debe ser más democracia”, planteó el senador Sergio Uñac, mientras que el diputado Nicolás Massot calificó la reforma como “política y oportunista”. Desde la izquierda, Gabriel Solano cuestionó la prioridad del debate en medio de la crisis económica y definió la propuesta como “proscriptiva y privatista”. En un Congreso fragmentado, el futuro del proyecto dependerá de la capacidad del oficialismo para negociar apoyos, en un escenario donde la reforma abre un nuevo foco de tensión política.