La Armada Argentina y el Comando Sur de los Estados Unidos firmaron una Carta de Intención para poner en marcha el programa “Protección de los Bienes Comunes Globales” (Protecting Global Commons), un acuerdo estratégico de cooperación militar y tecnológica que tendrá una duración inicial de cinco años y estará enfocado en el control y monitoreo del Atlántico Sur.

Según se informó oficialmente, el principal objetivo de la iniciativa será reforzar la vigilancia sobre la pesca ilegal y el tráfico marítimo no autorizado en el límite de la milla 200, una de las zonas más sensibles del Mar Argentino por la presencia constante de flotas pesqueras extranjeras, especialmente de origen chino.

Como parte del acuerdo, el Departamento de Defensa estadounidense enviará dos aeronaves de patrullaje marítimo Textron Beechcraft King Air 360ER equipadas con sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aeronaval (ISR). La primera unidad arribaría al país en diciembre de 2026 y la segunda durante 2027.

El convenio también contempla la provisión de equipamiento táctico y tecnológico para la Aviación Naval argentina, incluyendo cámaras electroópticas FLIR de alta precisión, drones de despegue vertical y simuladores para entrenamiento operativo.

La asistencia será canalizada mediante el denominado Programa 333 del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un esquema de cooperación destinado a fortalecer capacidades militares y de seguridad en países aliados frente a amenazas compartidas.

Desde el gobierno de Javier Milei sostuvieron que el acuerdo permitirá mejorar la custodia de la soberanía marítima argentina mediante transferencia tecnológica avanzada, sin que implique cesión territorial ni control extranjero sobre el Atlántico Sur.

Sin embargo, el convenio abre un punto sensible en materia soberana. Diversos sectores cuestionan el término “bienes comunes globales” para referirse al Mar Argentino y advirtieron sobre posibles riesgos de internacionalización de recursos estratégicos. También plantearon dudas sobre la participación de fuerzas extranjeras en tareas de patrullaje y monitoreo sin intervención previa del Congreso Nacional.

El acuerdo aparece además en un contexto de creciente preocupación por la pesca ilegal en aguas cercanas a la Zona Económica Exclusiva argentina, donde cada año operan centenares de embarcaciones extranjeras dedicadas principalmente a la captura de calamar y otras especies de alto valor comercial.