Las reformas impulsadas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el sector marítimo genera fuerte rechazo entre especialistas y actores de la actividad, que advierten sobre posibles consecuencias negativas en términos de soberanía, seguridad de navegación y comercio nacional.

Según especialistas del sector, desde el inicio de la gestión se promovieron iniciativas orientadas a desregular áreas claves relacionadas a la navegación. Entre ellas, la apertura de la pesca en la zona económica exclusiva a operadores extranjeros y la flexibilización del cabotaje, lo que permitiría a buques internacionales realizar transporte interno. Estas medidas, afectarían a la industria local y debilitarían la marina mercante argentina, considerada estratégica incluso para la defensa nacional.

Uno de los puntos más cuestionados es la reforma del sistema de practicaje y pilotaje, servicios esenciales para la navegación en zonas complejas como la hidrovía o los accesos portuarios.

El proyecto oficial apunta a reducir la obligatoriedad del practicaje, flexibilizar los requisitos profesionales y ampliar la oferta de prestadores. Esto implicaría una baja en la calidad del servicio y mayores riesgos operativos, en un contexto donde los buques son cada vez más grandes y las condiciones de navegación se mantienen exigentes.

También se objeta la intención de habilitar embarcaciones no especializadas para el traslado de prácticos, lo que podría incrementar los riesgos en maniobras delicadas.

Otro eje central del debate es la transferencia de la formación y titulación de la marina mercante desde la Armada hacia la Prefectura Naval. De concretarse, esta medida implicaría cambios en los planes de estudio, con carreras más cortas y menor exigencia académica. Además, se advierte sobre la posible pérdida del carácter público y gratuito de la formación, así como una concentración de funciones en la Prefectura, que pasaría a controlar capacitación, habilitación e inspección del sistema.

Desde el sector también señalan que estas reformas podrían facilitar la incorporación de mano de obra extranjera a menor costo, en detrimento de los trabajadores locales.

En términos estratégicos, se alerta que el debilitamiento de la marina mercante podría afectar la capacidad logística y soberana del país. Los buques mercantes deben a asistir a la Armada Argentina en escenarios de conflicto bélico, como ocurrió durante la Guerra de Malvinas, cuando buques civiles cumplieron un rol clave. Por ello, destacan la necesidad de una formación de excelencia.

El decreto que impulsa estos cambios se encuentra actualmente en revisión, tras desacuerdos entre el Ministerio de Desregulación y la cartera de Defensa, junto a la Armada. A su vez, empresas navieras locales también manifestaron preocupaciones por los posibles costos derivados de accidentes o demoras operativas.

En este contexto, el futuro de la reforma permanece abierto, en medio de tensiones políticas y cuestionamientos desde distintos sectores de la actividad marítima.