La sentencia alcanzará al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y a los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender, además de otros acusados.

Los pedidos de condena

La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitaron penas de hasta seis años de prisión por el presunto delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública.

En particular, pidieron seis años de prisión para De Vido, López, Sergio Schoklender, Pablo Schoklender y el exfuncionario Abel Fatala. Para otros cuatro acusados solicitaron penas de cuatro años.

Además, los acusadores reclamaron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para quienes se desempeñaron como funcionarios.

El presunto desvío de fondos

La acusación sostiene que fueron desviados 206 millones de pesos destinados originalmente a la construcción de viviendas sociales. También pidió que ese monto sea decomisado y destinado a programas habitacionales.

El dinero formaba parte de los cerca de 900 millones de pesos que el Gobierno nacional transfirió entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante el programa.

Las obras estaban previstas en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Ezeiza.

Las defensas pidieron la absolución

Los nueve acusados solicitaron ser absueltos y plantearon, entre otros argumentos, que la causa penal se encuentra prescripta.

Durante el juicio, De Vido siguió las audiencias por videoconferencia desde su domicilio en Zárate, mientras que José López lo hizo desde el penal de Ezeiza.

En sus alegatos, el fiscal Diego Velasco sostuvo que se había acreditado un esquema organizado desde el Estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto.

Qué definirá el tribunal

Con el veredicto, el Tribunal Oral Federal N°5 pondrá fin al juicio oral iniciado por la investigación sobre el manejo de los fondos destinados al programa Sueños Compartidos.

En paralelo, continúa otro tramo de la investigación relacionado con presuntas maniobras de lavado de dinero.

Ahora, los jueces deberán determinar si corresponde aplicar las penas y las inhabilitaciones solicitadas por la acusación o si hacen lugar a los planteos de las defensas.