El consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX Aqua se impuso en la licitación para la privatización de AySA al presentar una oferta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones de la empresa. La propuesta superó los US$285 millones ofrecidos por el consorcio de la empresa Roggio y quedó como la oferta económica más alta en la apertura de sobres. El Gobierno de Javier Milei impulsó el proceso bajo el marco de la Ley Bases y prevé que el traspaso al nuevo operador se concrete durante el primer bimestre de 2027.

La operación establece una concesión de 30 años, con posibilidad de extenderla por otros diez, y obliga al grupo privado a realizar inversiones por US$2.000 millones durante los primeros cinco años. A lo largo de todo el contrato, el monto estipulado alcanza los US$15.040 millones. Además, las obras que se realicen sobre la red de agua, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento continuarán siendo propiedad del Estado nacional una vez finalizada la concesión. En materia de cobertura, el objetivo es llevar el acceso al agua potable al 75,3% para 2031 y superar el 90% al finalizar los 30 años, mientras que en cloacas y saneamiento se apunta a alcanzar al menos el 75% al término del contrato.

Entre los principales beneficiarios de la operación aparece el consorcio adjudicatario, que pasará a controlar la empresa durante las próximas tres décadas. El material también destaca el rol de Mauricio Filiberti, de Transclor, quien ya era proveedor histórico de cloro para AySA y con la operación amplía su participación en el sector de los servicios públicos. El Gobierno nacional, por su parte, obtiene un ingreso inmediato de US$340,2 millones y deja la administración directa de la compañía. El esquema mantiene además un 10% de las acciones en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

El Ministerio de Economía esperaba recaudar $US 500 millones, pero la oferta ganadora quedó por debajo de esas previsiones. Este dato abre interrogantes y sugiere que AySA podría haber sido subvaluada, haciendo cuestionables las condiciones de la licitación. Además, desde sectores opositores existen críticas vinculadas a la transparencia del proceso, el futuro de las tarifas, la posibilidad de reorganización de la planta laboral y el riesgo de que la lógica de rentabilidad lleve a priorizar inversiones en zonas de mayor densidad y capacidad de pago, postergando la expansión de agua y cloacas en barrios vulnerables.

En cuanto a los usuarios, el esquema prevé que durante los primeros cinco años el nivel tarifario se mantenga constante en términos reales y que alrededor de 160.000 usuarios que actualmente cuentan con tarifa social mantengan el beneficio. En cuanto a la situación laboral: el pliego no garantiza la estabilidad de toda la planta de empleados y el nuevo operador tendrá margen para reorganizar funciones, en una empresa cuya cantidad de trabajadores ya había pasado de 7.700 a 5.890 antes de la privatización.De este modo AySA estará bajo control privado durante al menos 30 años, con una participación mayoritaria del consorcio ganador, un 10% reservado para los trabajadores y la posibilidad de una futura oferta pública de acciones.