
Cuestión Malvinas: el Gobierno recurrió al Tribunal del Mar para frenar la explotación petrolera británica
La Cancillería y la Procuración del Tesoro presentaron un pedido de medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para detener el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno nacional presentó una solicitud formal de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar la explotación petrolera británica en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación fue realizada a través de la Cancillería y la Procuración del Tesoro, luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para detener el desarrollo del proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
El pedido se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la posibilidad de solicitar medidas urgentes mientras se constituye un tribunal arbitral. El Estado Argentino busca preservar sus derechos soberanos y evitar posibles daños al medio marino. Entre las medidas reclamadas, exige que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas, no otorgue nuevas licencias y adopte medidas para proteger el ambiente. También solicita que no se utilice de manera perjudicial la información geológica obtenida durante las exploraciones.
La presentación se produce en el marco del procedimiento arbitral iniciado por el presidente Javier Milei el pasado 28 de septiembre y se concentra en la explotación unilateral de recursos naturales no renovables en un área atravesada por la disputa de soberanía. El reclamo no busca que el Tribunal del Mar resuelva quién tiene soberanía sobre las islas, sino que intervenga sobre las actividades marítimas y las obligaciones internacionales vinculadas con el desarrollo petrolero.
A través de comunicados oficiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina del Presidente reafirmaron los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Esta decisión de acudir al tribunal internacional representa una nueva instancia en el conflicto diplomático con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
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